La iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia contempla reducir la cantidad de juzgados de instrucción y recortar miembros en la Cámara de Casación. El cambio responde a la implementación del sistema acusatorio, donde los fiscales pasarán a liderar las investigaciones.
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de ley enfocado en reestructurar y reducir la cantidad de tribunales en Comodoro Py, el fuero de la Justicia Federal donde se tramitan las causas más sensibles por corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
El plan, encabezado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, propone achicar las vacantes sin cubrir y reorganizar el esquema de trabajo del fuero penal federal.
Menos juzgados y recortes en Casación
Uno de los ejes centrales de la reforma apunta a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país previo a la Corte Suprema. Actualmente cuenta con 13 integrantes y 3 vacantes. La intención oficial es llevar su composición fija a 9 miembros, lo que daría por concluidos los concursos en trámite para cubrir esos lugares.
A su vez, los 12 juzgados federales de instrucción —que hoy tienen cuatro despachos vacíos desde hace más de cinco años— pasarán a ser 10 o incluso 8. De este modo, no se requerirían nuevas convocatorias a concurso para ocupar las sillas vacías.
El impacto del nuevo sistema acusatorio
La reducción responde al cambio de modelo de investigación impuesto por la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal (sistema acusatorio). Bajo este sistema, son los fiscales del Ministerio Público quienes lideran la pesquisa desde el inicio, mientras que los jueces pasarán a desempeñarse indistintamente como jueces de garantías, de juicio o de revisión.
Como parte del rediseño, el proyecto contempla la equiparación salarial de los magistrados e incluye facultades para que el Consejo de la Magistratura reasigne al personal sobrante hacia otras áreas según las necesidades del servicio.
Dado que el cambio modifica diversas normativas orgánicas del Poder Judicial, el Ejecutivo buscará el consenso parlamentario para tratar el texto en el Congreso de la Nación y evitar que la reforma sea frenada mediante disputas judiciales.