“Quieren terminar con la educación pública”

“Están provocando una crisis del sistema educativo para acelerar la privatización y mercantilización de la Educación Pública.” Así lo denunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) durante la presentación de un informe elaborado junto con la Internacional de la Educación, que reúne a 34 millones de docentes de todo el mundo, en el que también se advierte el crecimiento de la matrícula privada desde diciembre de 2015, debido al respaldo que el Estado da a ese sector en detrimento de las escuelas públicas. Además, resaltaron que el desprestigio del sistema público está fogoneado por fundaciones globales, encargadas de realizar evaluaciones estandarizadas como la consulta Aprender, impuesta por el gobierno de Cambiemos en todo el país.

“Hay un creciente desfinanciamiento de la educación pública, un desinterés del Gobierno Nacional en la escuela pública, con marcada tendencia a privilegiar a la educación privada”, apuntó la titular de CTERA, Sonia Alesso, durante la presentación del informe “Tendencias privatizadoras de y en la Educación Argentina”. La dirigente recordó que pocas semanas atrás la oposición en el Congreso intentó tratar una serie de proyectos de ley, presentados por los gremios docentes, para proteger el financiamiento educativo, pero el bloque del oficialismo se negó a bajar al recinto para tratar las iniciativas.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, otro de los oradores de la jornada que se realizó en la UMET, hizo propias las denuncias acerca del vaciamiento de la educación pública y advirtió que el Presupuesto 2019, que se debate en Diputados, “está hecho a medida de los requisitos del FMI”, y Educación es el área que sufrió más recortes. “Apuran la crisis del sistema educativo. Con ese Presupuesto no se puede funcionar”, denunció Yasky.

Por su parte, Susan Robertson, asesora pedagógica de la Universidad Cambridge, detalló el papel de los “actores sociales” que impulsan la privatización del sistema educativo y señaló en particular a la Fundación Varkey, que tiene injerencia directa en la Argentina. “Estos actores globales tienen una relación muy estrecha con estructuras políticas y de poder”, subrayó Robertson, quien explicó que “tienen injerencia en la formación docente y en la evaluación, con gran financiamiento, deciden los contenidos de las evaluaciones y estandarizan los resultados, con un claro desprestigio hacia la educación pública”.

Además de las fundaciones internacionales, el informe también advirtió la intervención de organismos como el Banco Mundial, el BID y la OCDE, que impulsan “evaluaciones con resultados tendenciosos para ubicar a la educación como un producto o servicio privado”. “La falta de financiamiento, de políticas públicas, de bajos presupuestos, están creando una inequidad en la Educación Pública en la Argentina”, advirtió la especialista.

Yasky, por su parte, agregó que esa “gobernanza global” de las políticas educativas también está integrada por la OMC, el FMI y el Banco Mundial, por lo que sentenció que “defender la educación pública como un derecho es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que hoy gobiernan la Argentina, pero también es ir en contra del sentido común que tratan de instalar quienes gobiernan el mundo”. “Esta crisis que provocan es para acelerar la privatización y mercantilización de la educación pública”, denunció Yasky.

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